España, aparta de mí este cáliz

EDITORIAL

De reinado a reinado

La pretensión de apartar a Cristina de Borbón de Felipe VI con el fin de legitimar la figura de este es tan vana como la de que sea juzgada en condiciones iguales a las de otro ciudadano o de otros imputados en el caso Nóos

DEIA. Jueves, 26 de Junio de 2014

LA confirmación por el juez José Castro, titular del juzgado de instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, de la imputación de Cristina de Borbón, hermana del rey de España, traslada al reinado de Felipe VI uno de los escándalos que han impulsado la decadencia de la monarquía española y acelerado el final del reinado de Juan Carlos I. De hecho, la pretensión de apartar la imagen de la duquesa de Palma de la del recién proclamado monarca con el fin de legitimar la figura de este como jefe de Estado -como si el ahora rey no fuese parte de la familia y la Casa Real mientras se permitían cuando no abonaban, estas y otras prácticas y privilegios-, es tan vana como la de que el impulso del juez Castro permitirá juzgar a Cristina de Borbón en condiciones iguales a las de cualquier otro ciudadano o incluso de los otros imputados en este mismo procedimiento del denominado caso Nóos. Y ello pese a que los autos de imputación reflejan con notoria claridad el procedimiento por el que el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro, cobraba millones de euros de las instituciones públicas por servicios no realizados y los transfería a empresas privadas, entre ellas Aizoon, propiedad al 50% de Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin y a través de la que la hermana de Felipe VI realizaba el pago de numerosos gastos sin declararlos como ingresos. No en vano, ya antes de que se conociera la rotundidad del auto de imputación, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ejercía de todo lo contrario y anunciaba ayer un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma contra la posibilidad de que la hermana del rey deba responder de delito fiscal y de blanqueo de capitales, tipificados en los arts. 301 y 305 del Código Penal y con penas de entre uno y cinco años y de seis meses a seis años de prisión respectivamente. Y no en vano es previsible que la abogacía del Estado decida asimismo recurrir ante la Audiencia Provincial, con lo que se repetiría el doble recurso público a la imputación que ya se presentó en abril del pasado año tras el primer intento del juez Castro de juzgar a Cristina de Borbón. Sin embargo, son precisamente esas actitudes por parte del ministerio público y el gobierno con el fin de proteger a una institución ya de por sí fuera de tiempo y razón en el siglo XXI las que terminan por deslegitimar a esta a ojos de la sociedad.